Ley de Medios: Los dilemas de la oposición

Rubén Rabanal 

 


Las diferentes oposiciones al kirchnerismo se manifestaron en su mayoría en contra de la ley de medios, o al menos de cómo está siendo implementada. Detrás de las definiciones más tajantes hay matices y posturas encontradas, no tan visibles. Algunos juegan a fondo pero otros maniobran entre la incomodidad que les genera quedar ligados al Gobierno o a Clarín. Errores de estrategia y reproches.

Casi todos los gobiernos argentinos de la democracia, desde Raúl Alfonsín a la fecha, quisieron sancionar su propia ley de medios. No es un secreto que hasta Carlos Menem marchó tras el intento de otra ley de radiodifusión. También lo hizo Fernando de la Rúa, con un texto legal con ciertas similitudes al que hizo votar Cristina de Kirchner. En todos los casos, salvo con la sancionada Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que se encuentra recién en una incipiente puesta a prueba, los principales desvíos en la regulación de medios curiosamente no estuvieron en la aplicación de la ley imperante sino, como en otras áreas de este país, en las excepcionalidades sancionadas por decreto.

Está claro que esa historia no fue lineal, ni tampoco sufrida o disfrutada de la misma forma por cada partido. La relación de Alfonsín con los medios, por ejemplo, osciló siempre entre la apatía y la crisis. Es obvio que su estilo de comunicación no daba para pensar en limitaciones: fue el presidente que cuestionó en la cara aRonald Regan en Washington, que se llevó tormentosamente con Clarín y La Nación, a las patadas con Ámbito Financiero, que se enfrent a la Sociedad Rural aguantando silbidos de toda la platea.

Para el radicalismo, esa relación conflictiva con la prensa, que venía mal desde vieja data, dejó profundas marcas que hoy se ven en el perfil dividido que tomó el partido en cuanto al debate de la ley de medios.

En la UCR de hoy, con un efecto que puede encontrarse también en el socialismo, cada punta de la mesa de conducción tiene una postura diferente. No es lo mismo, claramente, hablar del impacto que tuvo la votación de la ley de medios en la posición del cordobés Oscar Aguad, que la postura del mendocino Ernesto Sanz, la deRicardo Alfonsín o, mucho menos la de Leopoldo Moreau.

Este último, obviamente sin poder, aislado y como notorio visitante de la Casa Rosada por estos tiempos, llegó al punto de afirmar: "Clarín siempre quiso que Alfonsín derogara el artículo y no lo hizo. Por el contrario, envió al Congreso un proyecto de ley de radiodifusión que era más restrictivo que el actual".

Se refería al artículo 45 de la anterior Ley de Radiodifusión sancionada en 1980 por Jorge Rafael Videla, que restringía el acceso a licencias de parte de propietarios de diarios y a otros referidos a la multiplicidad de licencias en una misma cabeza, los mismos que luego suspendió Carlos Menem.

La conducción del radicalismo mira hoy con un ojo los excesos políticos que procesa el Gobierno con la ley de medios y con el otro la historia partidaria. No encuentra en ambos el mismo reflejo, pero tampoco son las mismas condiciones las que alumbraron las peleas de Alfonsín con los medios y las que ahora tiene la UCR con el kirchnerismo.

En 1987, Alfonsín presentó al Congreso un primer proyecto de radiodifusión. No fue el único. De hecho, el radicalismo fue la primera fuerza política en poner en debate la situación de los medios.

Le siguieron otro de Dolores Díaz de Agüero, Consejo para la Consolidación de la Democracia; Bases para la Radiodifusión Democrática; otro proyecto consensuado entre el PJ y la UCR con la firma del diputado jujeñoFernando Paz y el pampeano Ricardo Felgueras (uno por cada partido y con letra de Henoch Aguiar -hoy crítico de la ley kirchnerista- y el abogado Damian Loreti -uno de los mentores de la ley sancionada-), y hasta el pedido de reglamentación del derecho de réplica del senador entrerriano Ricardo Laffèrriere, a fines del 87.

Hasta Luis Brandoni, en medio de la soledad que le imponía la abrumadora mayoría menemista tras el final del Gobierno de Alfonsín, presentó su propio proyecto de ley de radiodifusión, sin éxito alguno entre el peronismo que prefería seguir manejándose con modificaciones a esa ley pero mediante decretos y resoluciones.

Lo cierto es que gracias a esa práctica, entre el decreto-ley de la dictadura y la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de 2009 existieron más de 200 modificaciones fuera de la vía legislativa a la que colaboraron las lapiceras de Menem (quizás la que más avanzó en ese terreno), Fernando de la Rúa, Eduardo Duhalde Néstor Kirchner.

Alfonsín avanzó en su momento con la privatización de Canal 9 que devolvió a Alejandro Romay y, en realidad, no puede decirse que haya modificado más el perfil de la comunicación en el país más allá de haber protagonizado la época de mayor expansión de las FM. Mantuvo bajo la órbita estatal cuatro radios AM de Buenos Aires: Nacional, Municipal, Excelsior y Belgrano. Un dato que se suele recordar poco. En el tramo final, el Gobierno radical produjo, por acción u omisión, novedades entre las emisoras de más audiencia. Mitre pasó a Clarín en 1987, antes de que la ley lo permitiera formalmente, y Rivadavia cayó en manos cercanas al Coti Nosiglia, en las que continúa. 

En líneas generales, el presidente radical se siguió manejando entonces con el esquema de medios estatales heredado de la dictadura y del último Gobierno de Juan Domingo Perón. A este último lo unió en su suerte la mítica frase: "En 1945, teníamos todos los medios en contra y ganamos. En 1955, los teníamos a nuestro favor y nos echaron".

En 1974, el Gobierno peronista estatizó los canales 9, 11 y 13. Alfonsín mantuvo, salvo el 9, ese esquema, con una gestión especial en el 7. Aún así no tuvo mejor suerte con el trato que le dispensaron los medios.

Las diferencias entre Perón y Alfonsín fueron claras. El radical intentó mantener un diálogo directo con el público y la militancia. Lo hizo con eficacia dispar y sin llegar jamás a la sensación de disfrute que el peronismo siempre logró en ese ejercicio. Campañas y profesionales amortiguaron en la UCR de Alfonsín esos problemas. En cambio, Perón y el peronismo, a su modo, jugaron siempre el rol del "anunciador absoluto", creando en el aire entretenimientos inimaginables para otras fuerzas políticas.

También debe asignarse al peronismo el haber roto intermediaciones con el público que son clave hoy para entender la relación del poder con los medios: "¿No es verdad?", le preguntaba Perón a la plaza después de cada afirmación, desatando el delirio. Cristina de Kirchner desarrolló un stand up desde hace un tiempo que hasta superó esas puestas del general.

Los radicales no lograron nada parecido y lo arrastran en su historia. Quizás deba recordarse como un alarde de democracia televisiva la noche en que el radicalismo perdió las elecciones legislativas de 1987, junto con la mayoría de las gobernaciones, sellando así el inicio del final político del alfonsinismo. Ese día pudo verse aCarlos Campolongo, cabeza del noticiero central de ATC y conocido militante peronista, haciendo poco esfuerzo para contener las ansias de festejo en el aire, gesto que no fue acompañado por su compañera de conducción,Mónica Gutiérrez.

Entre los cambios que siguieron a esa época y hasta ahora, hay dos que seguramente trocaron la cara del mercado de la comunicación y significaron un quiebre en la relación política con los medios: la privatización de todos los canales estatales que llevó adelante Carlos Menem (salvo ATC) al tiempo que se relajaron los límites a la concentración entre gráfica, radio y televisión, y el decreto de Néstor Kirchner que termina abriendo la puerta a la unificación de Multicanal y Cablevisión, curiosamente emitido otro 7 de diciembre, pero de 2007. El primer hito precipitó la concentración de medios y el segundo eliminó la competencia en el lucrativo negocio de los cables, y no sólo en la Capital Federal.

Entre esos hechos y la actualidad pasó agua bajo el puente. La presentación, el debate de la ley de medios, la guerra judicial, la intervención de bandos y los alineamientos políticos complicaron mucho más al radicalismo.

Uno de los ejemplos que alimentan más aún las diferencias dentro de la Unión Cívica Radical en torno de la ley se dio en la constitución de la comisión bicameral de control que se crea dentro de esa norma. Y su suerte sirve para investigar cómo están las cosas en ese partido en torno de los medios.

Cuando se sancionó la ley, el articulado estableció la creación de esa bicameral. Pero, definitivamente, no se hizo hasta bien entrado este año.

El retardo tiene múltiples culpables y el radicalismo es uno de ellos. Eduardo Fellner, como presidente de la Cámara de Diputados (cargo que dejó el 10 de diciembre de 2011) se pasó casi un año enviándole a Julio Coboslistados de nombres para integrar la bicameral.

El vicepresidente, a cargo del Senado, dejaba pasar el momento, casi silbando bajito y sin contestar. Es decir, demoraba reunir los nombres de los opositores que debían integrar esas bicameral.

¿La explicación? En el radicalismo imperaba la idea, alimentada por Silvana Giudici, presidente de la Comisión de Libertad de Expresión de Diputados, que no había que integrar los órganos que el Gobierno había creado dentro de la ley de medios; una forma de demorar el proceso, tras el apurón que les impuso el kirchnerismo para la votación de esa ley.

Cobos acató esa doctrina hasta el último día de su mandato en el Senado, pero a buena parte de la conducción de la UCR nunca le quedaron claras las verdaderas razones de esa actitud del vicepresidente. Toda la mesa de conducción del Comité era consciente de que con la realidad de la ley votada poco se hacía mirando el proceso desde afuera y rechazando integrar esos organismos en el lugar que se había destinado a la oposición.

Es cierto que tampoco hubiera modificado demasiado los hechos que luego sucedieron en torno de la ley de medios: los representantes ahora nombrados no participan de controles ya que la bicameral es poco lo que hace y en sus cargos en el AFSCA y Radiotelevisión Argentina, casi tienen que mendigar un escritorio para ocupar.

Pero lo cierto es que la ausencia de esos cuerpos dejó a los radicales (principal fuerza de oposición y, por lo tanto, poseedora de esas sillas) sin posibilidad de hablar y mucho menos de enterarse siquiera de las novedades del caso.

Hasta este año hubo tironeos y pocas negociaciones. Esto es lo que factura por estos días parte del radicalismo a quienes bloquearon la integración de esos cuerpos: si la oposición hubiera entrado, al menos podrían haber interferido en el debate de algunas decisiones que el kirchnerismo tomó a pata ancha.

"Dejamos que nos hicieran la reglamentación de la ley en la cara. Y para colmo participó Gustavo López (exradical), junto con Loreti", se quejaban los radicales en el Senado.

Con la salida de Cobos esto cambió. Ante lo inevitable, y con la presión tremenda de la mitad del partido, la UCR oficial declaró la necesidad de empezar a integrar los cuerpos previstos. Pocas cosas irritan más a un político que dejar un cargo sin ocupar. Y eso es lo que estaba sucediendo por partida triple con la oferta que el Gobierno, astutamente, les hizo en la ley de medios.

La bicameral, entonces, se constituyó, aunque se dejó flotando la elección de autoridades. Y comenzó el debate interno por cubrir los cargos en AFSCA y en Radiotelevisión Argentina.

El cargo en el AFSCA se le reservó en primera instancia a Gustavo Cusinatto, entrerriano, pero finalmente el partido lo destinó a Radiotelevisión Argentina. Al primer puesto se comandó, finalmente, a Marcelo Stubrin.

En ese punto hay otro efecto negativo de la reticencia a integrar los organismos que hoy se reconoce en el Comité Nacional: Por cuestiones vinculadas al currículo, el Gobierno vetó a Alejandro Pereyra como representante del Frente Amplio Progresista (y de Margarita Stolbizer en particular), quien claramente conoce más de comunicación que los enviados de la UCR. Esa acción compromete al kirchnerismo, pero también a las relaciones entre los socios de la oposición. Stolbizer está convencida de que la UCR podría haberle peleado el puesto a favor de su candidato desde otra posición.

El radicalismo, con todas las contradicciones a cuestas, constituye la segunda bancada legislativa en ambas cámaras, es el partido opositor con mayor extensión territorial y conserva nichos de poder en varias decenas de intendencias en el país.

Dificultades acaso más serias afligen a los otros bloques opositores. El resultado electoral de 2011 otorgó al Frente Amplio Progresista (FAP) las sillas de los organismos de control reservadas para la segunda minoría, con lo que pasó a desbloquear esas designaciones. En los dos años previos, el peronismo disidente había optado por la ausencia, como la UCR.

En el seno del FAP conviven quienes apoyaron la ley de medios en 2009, cercanos incluso a grupos que venían bregando por una legislación de este tipo en la famosa Coalición por la Radiodifusión Democrática, antes de que el kirchnerismo asumiera el tema. En ese sector se inscriben, por ejemplo, Victoria Donda Claudio Lozano, y el vecino ideológico Pino Solanas, quienes hoy tratan de correrse de los temas más álgidos del debate de la implementación de la ley, ya que no les resulta rentable mostrarse cercanos a ninguno de los bandos. Hermes Binner y los socialistas se ubican en una posición similar: reivindican la letra, critican la forma en que el Gobierno la ejecuta, y hablan poco y nada de Clarín.

En cambio Stolbizer, la ex Coalición Cívica María Eugenia Estenssoro y varios de los cordobeses que llegaron al Congreso con el "juecismo", Norma Morandini entre ellos, militan en el bloque más adverso a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Con su discurso parece coincidir el abogado Pereyra, su hombre en la AFSCA, quien expresa cuestionamientos a la base de la ley de medios, al punto de que si bien aclara que la norma debe ser cumplida "erga homnes", considera que no hay posición dominante en el cable y que Clarín tiene puntos a favor hasta en su planteo por la constitucionalidad de la norma.

La paradoja es que la posición más uniforme se observa en aquellos sectores de la oposición que no tienen representante en los cuerpos colegiados. Mauricio Macri declara a quien lo quiera escuchar que "si algo no había que modificar, si algo funcionaba bien, era el sistema de medios, por su diversidad, al menos en el área metropolitana". Por convicción o estrategia, sin costos para pagar entre su electorado, ésa es la postura del PRO.Francisco de Narváez, empresario con intereses en el mercado de medios, y José Manuel de la Sota, apuntan en el mismo sentido que el jefe de Gobierno porteño, y Patricia Bullrich, por su parte, emite semanalmente comunicados a favor de las posturas públicas del Grupo Clarín.

Finalmente Elisa Carrió, con la pasión que caracteriza su vida política, ha ensayado los denuestos más sonoros que se hayan escuchado en contra de la ley de medios y, si bien recuerda sus encontronazos con Clarín, adscribe a la teoría de que ese grupo es, hoy por hoy, el más débil de la pelea