España: Uno de cada tres niños vive al borde de la pobreza.

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La ONG Save the Children presentó ayer un documento que revela que el 33,8% de los menores padece las dificultades económicas de sus familias. Se refleja en la caída del nivel de vida en materia de salud y educación.
El 33,8% de los niños españoles (más de 2,82 millones) viven en riesgo de pobreza o exclusión social debido a que sus familias sufren problemas de alimentación, vivienda o carecen de recursos para comprar material escolar, según se desprende del informe que publicó ayer la ONG Save the Children con el rótulo "2.826.549 Razones. La protección de la infancia frente a la pobreza: un derecho, una obligación y una inversión."

La organización expuso que se eleva al 45,6% el riesgo de pobreza para los menores que viven en familias monoparentales, cifra que asciende 57,6 en el caso de los niños cuyos padres no alcanzaron la educación secundaria.

Además, la mitad de los niños con al menos uno de sus padres de origen extranjero se enfrentan a este riesgo de pobreza, en el que incurren las familias con ingresos inferiores al 60% de la renta media del país.

"La escasez de inversión pública en políticas de protección a la infancia tiene un efecto demoledor sobre los niños; seguimos a la cola de la UE en inversión de infancia", dijo el director general de Save the Children en España, Alberto Soteres, en la presentación del documento en Madrid, junto con Áurea Ferreres, responsable de Incidencia Política, Sensibilización y campañas de la ONG. "Más que en las declaraciones, expresiones de voluntad política, políticas públicas y reformas legislativas, es en los presupuestos públicos donde más claramente se refleja el compromiso político de los gobiernos para abordar la situación de los niños y las niñas en un país. Seguimos estando a la cola de la UE en inversión en infancia", agregó Soteres. 

Save the Children denuncia que los primeros derechos que se pueden ver comprometidos cuando una familia se encuentra en dificultades esconómicas es el derecho a un nivel de vida adecuado, que se puede deber a la eliminación y reducción de las prestaciones sociales o incluso a los desalojos,el derecho al nivel más alto de salud, donde preocupa la inadecuación de las viviendas y alimentación de los niños o la exclusión de inmigrantes en situación irregular del sistema sanitario. Además, la organización destaca el derecho al descanso y el juego, a ser protegido frente a la violencia y el derecho a la educación.

El director de Save the Children opinó que "el fondo extraordinario de 17 millones anunciado por el gobierno para la lucha contra la pobreza infantil, aunque es bienvenido, es insuficiente y existen otras reformas y políticas en curso que están mermando, de manera directa o indirecta, los recursos destinados a la infancia o que están debilitando las economías familiares". 

Las tasa de niños y niñas bajo el umbral de pobreza relativa, que corresponde al porcentaje de la población situado por debajo del 60% de la renta media del país, se registró en el 38,6 en 2012, una tasa que se redujo hasta un 29,9 después de recibir las ayudas sociales pero "que continúa siendo muy alta, superando el 20,6% del la media europea o el 19 de países como Francia", afirmó Ferreres. 

Save the Children impulsará una campaña para recaudar al menos 2,8 millones de euros con los que atendería a 25 mil menores con sus respectivas familias. «

Rechazo del consejo europeo

El Consejo de Europa rechazó el decreto del gobierno español que niega el acceso a la salud universal a los inmigrantes en situación irregular. La decisión del Ejecutivo de Mariano Rajoy (tomada por decreto en 2012) va en contra de las normas europeas asumidas por España hace décadas al ratificar la Carta Social Europea, argumentó el Comité europeo de Derechos Sociales en un informe publicado ayer.

"Los estados que forman parte de la Carta tienen obligaciones en términos de acceso a la atención sanitaria para los inmigrantes independientemente de su estatus de residencia", apunta el Comité.

También se reprochó al gobierno de Rajoy que utilice la crisis económica como pretexto para negar la salud universal a los inmigrantes "sin papeles".

El informe dice que "hay alternativas menos costosas en términos financieros y respecto al impacto de la medida en la salud pública de la población en su conjunto".

El Comité concluye que "si la legislación se mantiene, no habrá otra cosa que mostrar en el próximo informe la no conformidad con la Carta".