La discusión sobre la intervención del Estado en la economía

Por Mario Rapoport
para Diario BAE 
Publicado el 9 de enero de 2014

En una reciente reunión de IDEA muchos empresarios volvieron a quejarse de la creciente participación del Estado en la economía y sus consecuencias negativas sobre las actividades económicas. Sin embargo, en el pasado, el curso de los acontecimientos o los intereses de grupos y sectores, llevaron con frecuencia a modificar ideas o líneas de pensamiento arraigadas en el seno de las fuerzas económicas de ideología liberal que sustentaban el poder. En este sentido, la década de 1930 fue un ejemplo.

Se dio así la circunstancia de que el retorno de los gobiernos conservadores no significó una vuelta a las políticas de economía abierta vigentes antes de la Primera Guerra Mundial. La crisis mundial que se inicia en 1929 se procuró amortiguar buscando otras soluciones. La intervención del Estado en la economía argentina no se debió a la iniciativa de “gobierno populistas” presionados por sus “bases”, sino a la acción de las viejas élites liberales, que habían retornado con un golpe cívico–militar al poder y procuraban salvaguardar un sistema económico en peligro en el que se hallaban involucrados sus propios intereses.

La primera medida importante se tomó en octubre de 1931 con el fin de atenuar el desequilibrio del comercio exterior y la fuga de divisas, y fue la implantación del control de cambios. Se creó una comisión que tenía por objetivo fijar periódicamente el valor de las divisas y asegurar el cumplimiento de las obligaciones financieras externas. Esto se garantizaba mediante una lista de prioridades en donde figuraba, en primer término, el pago de la deuda externa y luego el de las importaciones imprescindibles.

Más tarde, hubo un doble mercado de cambios –oficial y libre– de forma tal que ya no se limitaban las importaciones, aunque las que no figuraban en la lista de prioridades debían soportar un tipo de cambio mucho más elevado que oficial. Los exportadores estaban obligados a vender sus divisas a un tipo oficial de compra mientras que los importadores y aquellos que necesitaban efectuar pagos en el exterior debían obtener permisos previos de la comisión para poder adquirirla.

El incremento del 10% que se fijó en los aranceles aduanero contribuyó a acentuar el efecto proteccionista de las disposiciones cambiarias. Esto produjo un fuerte proceso de industrialización por sustitución de importaciones Pero la intervención del Estado no se limitó a esto. A partir de 1931 comenzaron a crearse, con el fin de evitar una mayor caída de la actividad interna diversas comisiones asesoras y juntas para proteger los intereses de los distintos sectores productivos Las principales fueron la Junta Reguladora de Granos y la Junta Nacional de Carnes.

La creación del impuesto a los réditos y la del Banco Central, que regularizaba y centralizaba el hasta entonces disperso sistema bancario, fueron pasos que marcaron la actividad intervencionista del Estado en esa década.

Raúl Prebisch en un texto de la misma época sobre “El control de cambios y la economía dirigida” explicaba el control de cambios tal como comenzó a funcionar desde 1931 y luego fue reformado en el ministerio de Federico Pinedo en 1933, y decía que esas políticas “no obedecían a una concepción teórica ni a un sistema de economía dirigida sino procediendo tal cual los hechos lo exigían en ese momento”

Lo que en el fondo se discute ahora en la Argentina es la intervención del Estado, no para defender tal o cual interés sino para regular los procesos económicos y redistribuir o transferir ingresos de los sectores más favorecidos a los que lo son menos en una economía que tiene poco de libre competencia. Lo contrario es lo que pasó ya reiteradas veces en el país y nos llevó en 2001 a la peor crisis de nuestra historia. Claro que muchos hicieron también fortunas con la crisis; esos son los que no temen repetir las políticas pasadas.