Francia pone un candado a sectores clave con el "patriotismo económico"
Luisa Corradini
La Nación [x]
El gobierno extendió una norma que autorizaba la limitación de inversiones extranjeras en seguridad y defensa a otras áreas de la economía, como transporte, energía, salud y comunicaciones.
Francia decidió arroparse en las banderas del "patriotismo económico" para tratar de defender las empresas consideradas estratégicas que podrían caer en poder de capitales extranjeros. En lenguaje militar, eso se llama "arma de disuasión masiva", mientras que para muchos economistas es una clara medida proteccionista.
"El objetivo no es impedir una operación en el área de los yogures o los pañales descartables, sino oponerse a toda operación hostil en terrenos que conciernen a la soberanía nacional y que, hasta hoy, estaban desprotegidos", argumentó el ministro de Economía, Arnaud Montebourg, autor de la iniciativa.
Con esa decisión, el gobierno de Manuel Valls extendió a cinco nuevos sectores industriales -definidos en forma bastante amplia- un decreto de 2005 del entonces primer ministro conservador Dominique de Villepin, autor del concepto "patriotismo económico".
El dispositivo, que somete ciertas inversiones extranjeras en Francia a la autorización del gobierno, se limitaba hasta la semana pasada a la defensa y la seguridad. A partir de ahora se aplicará también "al aprovisionamiento en electricidad, gas, hidrocarburos u otra fuente de energía", a "la explotación de redes y servicios de transporte", al "aprovisionamiento de agua", a "las comunicaciones electrónicas" y a la "protección de la salud pública".
En gestación desde hacía varios meses, la adopción del dispositivo fue brutalmente acelerada cuando se conoció la intención de la empresa norteamericana General Electric de comprar el sector energético de Alstom, el gigante francés privado de energía y transportes.
Totalmente opuesto a esa operación, que considera un desmembramiento de una de las cinco empresas más importantes del país, el gobierno llegó a la conclusión de que ese decreto podría permitirle oponerse no sólo a esa venta en particular, sino a otras igualmente sensibles.
Para el gobierno, Alstom es un eslabón esencial de la independencia energética: "Ya sea en el caso de nuestras centrales nucleares, que producen el 77% de la energía del país, o de las nuevas tecnologías para la transición energética. Con ese decreto reequilibramos la relación de fuerzas entre los intereses de las empresas multinacionales y de los Estados, que no siempre son los mismos", explicó Montebourg.
París propicia una solución europea con una alianza de Alstom y la alemana Siemens. En un período de crecimiento nulo, con más de 10% de desocupación, el gobierno teme que la irrupción de General Electric provoque una nueva ola de despidos en Alstom (18.000 empleados en Francia y 93.000 en el mundo).
Si bien la medida provocó el entusiasmo de la opinión pública, la Comisión Europea, órgano ejecutivo de la UE, no se dejó engañar y señaló los riesgos de que "la actual política se transforme en un proteccionismo disimulado".
"Una buena protección de la industria europea es la inversión, no el proteccionismo", advirtió desde Bruselas el francés Michel Barnier, comisario europeo a cargo del Mercado Interior. A pesar de esas críticas, Francia no hace más que ponerse al nivel de otros países industrializados, que ya disponen de instrumentos semejantes.
Primer destino de las inversiones extranjeras, Estados Unidos cuenta desde 1975 con el llamado Committee on Foreign Investment (Cfius), cuya función es proteger ciertas empresas del apetito externo, sobre todo en el terreno de la seguridad nacional y las "infraestructuras cruciales". Ese órgano, compuesto por 11 miembros, puede incluso solicitar al presidente oponerse a una compra. Cerca de la mitad de las licitaciones de adquisición examinadas por el Cfius terminan siendo impugnadas.