La lucha por la información Revelaciones sobre mercenarios, agitación sectaria e ingeniería demográfica en Bahrein
Nazgol Kafai* y Ala’a Shehabi**
Jadaliyya.com [x]
“Nadie podrá ser castigado por motivos de seguridad nacional por la divulgación de información si (1) la divulgación no perjudica en realidad y no es probable que perjudique un interés legítimo de seguridad nacional, o (2) el interés público en saber la información es mayor que el daño causado por la divulgación. “ [1]Mientras la controversia y el interés han rodeado el hallazgo del tesoro de información que Edward Snowden filtró el año pasado para denunciar el alcance de la vigilancia puesta en marcha por los gobiernos británico y estadounidense, ha sido el silencio lo que ha marcado pasadas y recientes revelaciones sobre la intrusión del régimen bahreiní en la vida diaria de sus ciudadanos y las políticas socialmente destructivas diseñadas para asegurar la supervivencia de la monarquía. Durante la última década, las personas de conciencia, tanto bahreiníes como no bahreiníes, se han enfrentado al régimen de los Jalifa revelando sus secretos más oscuros. Desde sacar a la luz sofisticados esquemas para la agitación sectaria hasta exponer la adquisición masiva de armas con fines represivos, estas revelaciones han servido tanto para confirmar la percepción de una realidad política como para revelar un sistema despiadado de violencia y tácticas disciplinarias conspirativas hasta ahora inimaginables. En general, estas filtraciones han favorecido cierta forma de responsabilidad pública, con la previsible respuesta del régimen tratando de “eliminar el conocimiento” en lugar de abordar los problemas.
Los actos individuales de disidencia son por tanto sucesos críticos que subrayan la relación entre censura, conocimiento y capacidad de movilizar por el cambio progresista, así como de la política de “divide y vencerás” centrada en el uso instrumental del sectarismo. El rasgo fundamental de esta relación es el poder de los mecanismos del régimen para excluir el conocimiento ciudadano como forma de conseguir sometimiento, pero también revela los límites de ese poder. Aunque el régimen bahreiní ha invertido sumas importantes de las rentas del petróleo en construir mecanismos de censura y supresión del conocimiento, se ha demostrado que esos instrumentos han resultado ineficaces. Los nuevos métodos de difusión de la información a través de Internet y las redes de telecomunicaciones han dado a los activistas, a las autoridades del gobierno concernidas y a otros el potencial para “filtrar” y publicar su información fuera de los estrictamente controlados medios de comunicación estatales. Aunque la información que esos denunciantes han sacado a la luz es inherentemente importante, el acto de realizar una revelación no autorizada –mostrando la capacidad seriamente disminuida del Estado bahreiní para mantener su monopolio sobre la información- ha dañado irreparablemente la ilusión de omnipotencia estatal, alentando así nuevos actos de disidencia.
Revelaciones sobre la utilización de mercenarios extranjerosEl 3 de abril de 2014, el Bahrain Mirror publicó un documento filtrado del Ministerio bahreiní del Interior acerca de la utilización de mercenarios jordanos en las fuerzas policiales bahreiníes. De fecha 11 de febrero de 2014, el documento contiene los nombres, salarios (que alcanzan una media de 3.100 $USA al mes) y los números de las cuentas bancarias de los 499 policías jordanos que están ahora trabajando en Bahrein. Esa fuerza policial bahreiní, compuesta por mercenarios de Jordania, Pakistán, Yemen, Arabia Saudí, Siria e Iraq, es una realidad bien conocida aunque poco documentada en Bahrein. Sabemos bien que hay 10.000 pakistaníes trabajando en los servicios de seguridad bahreiníes junto a los efectivos de agentes de policía emiratíes, uno de los cuales fue asesinado el 3 de marzo, junto a un yemení y un pakistaní. Los policías emiratíes llegaron en marzo de 2011 para reprimir las protestas en un contingente formado por quinientos efectivos como parte de la Fuerza Escudo Península del Consejo de Cooperación del Golfo, aunque se desconoce la cifra actual de agentes que componen tal contingente. Hay quien informa de que hasta2.500 agentes jordanos jubilados están trabajando en diferentes agencias de seguridad, y que a muchos de ellos se les ha concedido la ciudadanía bahreiní por sus servicios.
Por tanto, el documento filtrado no sólo confirma lo que la gente sabía desde hacía ya tiempo sino que pone también en perspectiva la magnitud de ese fenómeno, que sigue siendo uno de los aspectos más problemáticos de la lucha en curso. La externalización de las fuerzas de seguridad de Bahrein con mercenarios extranjeros es una estrategia explícita para distanciar a todos los bahreiníes, con independencia de su secta, del poder institucional y crear un aparato estatal que proteja al régimen y reprima colectivamente a los ciudadanos. Es la inestabilidad y disponibilidad de las vidas de los mercenarios lo que convierte este tipo de externalización en una táctica exitosa para protegerse de los golpes de estado y para que el régimen se mantenga en el poder. Esos mercenarios están desconectados de las relaciones sociales locales y de las preocupaciones nacionales y, al primer indicio de disidencia, pueden ser devueltos a casa y sustituidos porque como extranjeros tienen pocos recursos, si es que tienen alguno. En 2013, 450 pakistaníes fueron deportados tras llegar a Bahrein para trabajar en el ejército, posiblemente debido a la amenaza de protestas colectivas contra unas condiciones laborales abusivas.
La broma habitual en Bahrein es que puede suceder que te arreste un pakistaní, que te interrogue un jordano, que te torture un yemení y que te juzgue un egipcio, pero al menos puedes estar seguro de que tus compañeros de prisión serán bahreiníes. Se entiende que los mercenarios a que se refiere la broma disfrutan de un estatus privilegiado que el régimen les ha concedido respecto a los ciudadanos bahreiníes. Los incentivos de que disfrutan normalmente por llevar a cabo el trabajo sucio del régimen incluyen el de estar relativamente bien pagados, el ofrecimiento de la ciudadanía bahreiní como parte de la naturalización política, la vivienda y el acceso a los servicios gubernamentales para sus familias. Esa visión popular de las fuerzas de seguridad extranjeras falla a la hora de diferenciar entre los diferentes rangos y nacionalidades en términos de privilegios y homogeneización de su estatus. En efecto, aunque la broma revela algo de la realidad de las fuerzas de seguridad mercenarias en Bahrein, sirve mejor para demostrar el éxito con que el régimen ha conseguido alienar a esos policías/soldados extranjeros de la ciudadanía y ocultar todo lo que pudieran tener en común en términos de posición de clase y estatus político. Como señala Fahad Desmukh: “El régimen está tratando de lanzar a los trabajadores extranjeros y clases trabajadoras bahreiníes maltratados unos contra otros en un intento de justificar su brutalidad”.
El portavoz del régimen, el Ministro de Estado para Asuntos de la Información, confirmó inicialmente la presencia de mercenarios jordanos pero después se retractó de esas declaraciones y la negó completamente. Tras hacerse público el documento, el régimen nombró un comité para que investigara la fuente de la filtración, que al parecer fue rastreándose hasta llegar al Arab Bank. Posteriormente, las fuerzas de seguridad arrestaron a un empleado bahreiní de ese banco y le acusaron de filtrar documentos oficiales, un delito punible con una sentencia de prisión y una considerable multa, junto con otras dos personas.
Revelaciones sobre ingeniería demográfica y sectaria: El Informe BandargateEste no es el primer ni el último caso de revelaciones no autorizadas en la historia contemporánea de Bahrein. En 2006, cinco años antes de que empezara el levantamiento en curso, el Dr. Salah al-Bandar –un antiguo alto asesor británico-sudanés que trabajaba en el Ministerio para Asuntos del Gabinete de Bahrein- publicó un informe titulado “La opción democrática y los mecanismos de exclusión” que describía los mecanismos logísticos de las políticas sectarias de “divide y vencerás” del régimen, un escándalo conocido con el nombre de “Bandargate”. El documento, de 216 páginas, detalla el “dispositivo de una organización secreta que actuaba fuera del imperio de la ley”, para el que cinco agentes recibían al menos 2,7 millones de dólares por hacer funcionar un elaborado esquema de agitación sectaria e ingeniería demográfica a través de la naturalización masiva; el establecimiento de organizaciones no gubernamentales creadas desde el gobierno (GONGOs); una célula secreta de inteligencia; foros y páginas en Internet que instigaban el odio sectario; pagos para fraudes electorales y apoyar a candidatos sunníes extremistas; y subvenciones a los “nuevos conversos” del chiísmo al Islam sunní. Esta revelación confirmó lo que muchos creían desde hacía tiempo: que el sectarismo estaba en gran medida intencionadamente diseñado a través de políticas e instituciones estatales.
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| [La célula del Bandargate. Imagen del Centro por los Derechos Humanos de Bahrein] |
Teniendo en cuenta la cultura de impunidad reinante en el país, era de prever que los implicados en el Bandargate no tuvieran que rendir cuentas por sus acciones. De hecho, dada la orden de silencio que el régimen emitió en aquel momento, se protegió a muchos de los agentes provocadores y a otros que aparecían en el informe, promocionándoles con el tiempo y lo más preocupante fue que, tras el levantamiento del 14 de febrero, reanudaron sus roles sectarios imbuidos de un sentimiento de venganza. Eran conocidos como la “célula Bandar” (jaliyat al-bandar). Entender esos roles es entender como la represión desplegada tras el 14 de febrero fue la oportunidad perfecta para completar el proyecto Bandargate. El régimen intensificó sus esfuerzos para exacerbar el sectarismo, desde asumir el control de la distribución de becas a recuperar el control del ministerio desanidad a utilizar el periódico estatal, Al Watan, para avivar el odio sectario y poner en marcha nuevas actividades subversivas a través de la infame cuenta de Twitter de Hareghum (“el que los quema”), destacada en el informe BICI [Bahrain Independent Commission of Inquiry] por “acoso […] llegando a expresiones de odio e incitación a la violencia”. En el apogeo de la represión, esa cuenta de Twitter se convirtió en la voz de una caza de brujas sectaria para erradicar a los “traidores” que “traicionaban” al país a través de una campaña de delaciones. La estrecha relación entre esa cuenta y el aparato del estado de seguridad se hace evidente en el hecho de que los bahreiníes podían conocer el arresto de sus seres queridos a través de la cuenta Hareghum (como le pasó a uno de los autores), y esa vía se convirtió en el único conocimiento oficial de arresto hasta que les llevaron ante los tribunales militares en 2011.
Hay bahreiníes que incluso sostienen que las semillas del levantamiento de 2011 se plantaron cuando la célula Bandargate se formó y se descubrió posteriormente en 2006. La fabricación por parte del régimen de la política de identidad sectaria y los esquemas de ingeniería demográfica exacerbaron los sentimientos existentes de humillación y privación de derechos entre la mayoritaria población chií y de rabia e indignación tanto entre sunníes como chiíes, horrorizados por el nivel de manipulación y corrupción de los citados directamente en el informe y del régimen en general. No hay duda de que la política de identidad existió en alguna medida durante todo el período poscolonial. Lo que resulta tan condenable es que este sistema de discriminación y conflicto interno sea el resultado del intencionado y calculado proceso de ingeniería social por parte del régimen.
Revelaciones sobre la represión de la disidenciaMientras que quienes perpetran violaciones contra los derechos humanos lo hacen con gran impunidad, los bahrainíes que se levantan contra el autoritarismo estatal y revelan sus excesos son sumariamente condenados, a menudo sin la carga legal de la prueba ya que basta con las confesiones obtenidas de forma coercitiva. Uno de esos casos es el de Hasan Salman, que fue arrestado en mayo de 2009 y sentenciado a tres años de cárcel por difundir y publicar, presuntamente, información sobre el aparato de Seguridad Nacional de Bahrein en la página de Internet anti régimen Bahrain Online. Esta web publicó una lista de individuos que trabajan con la Agencia de Seguridad Nacional, incluyendo la mujabarat (policía secreta) y los responsables de la mayoría de los abusos documentados por las organizaciones por los derechos humanos. Los abogados de Salman intentaron sin éxito sostener que la fiscalía nunca demostró la confidencialidad de los nombres publicados, teniendo sobre todo en cuenta que se descubrió que en una panadería local se envolvía el pan con documentos parecidos que también contenían detalles sobre la policía. En efecto, la información era pública y accesible. También argumentaron que la publicación de esos nombres nunca causó daño a nadie. La lista publicada se ha convertido desde entonces en la base de una rara estadística pública que demuestra la discriminación contra los ciudadanos chiíes respecto a sus posibilidades de empleo en los servicios de seguridad. Las revelaciones mostraban que los empleados chiíes constituían sólo el 4% de la agencia, ocupándose en su mayoría de tareas de bajo nivel como informantes pagados.
Más recientemente, el Bahrain Watch recibió un documento secreto que en 2013 había emitido el Directorado de Compras del Ministerio del Interior, convocando ofertas para proveer al ministerio con casi dos millones de botes lacrimógenos. La compañía coreana que ganó la licitación confirmó más tarde que el asunto supuso finalmente tres millones de botes de gases lacrimógenos por valor de 28 millones de dólares. Las autoridades coreanas finalmente cancelaron el envío después de que triunfara la campaña “Parad el envío” tras ejercer presiones suficientes sobre ellas. A pesar de más de dos años de bien documentado mal uso de esos botes contra manifestantes no violentos y transeúntes en Bahrein, resumidos en un caso legal presentado por Bahrain Watch, este documento secreto afirmaba los temores de muchos bahreiníes de que el Estado estaba almacenando cantidades sin precedentes de gases lacrimógenos. Como consecuencia de los levantamiento árabes de 2011, el gas lacrimógeno se ha convertido en el arma favorita en Palestina, Egipto, Turquía, Sudán y otros Estados, no sólo en Bahrein. La industria del gas lacrimógeno es hoy una industria multimillonaria, con el segmento del mercado de la seguridad estatal interna aumentando en un 18%, alcanzando, sólo en 2012, un valor de 5.800 millones de euros.
Avanzando en la lucha por la informaciónLa necesidad de equilibrar las necesidades de la seguridad nacional y el derecho de la gente a la información y a que se rindan cuentas ha sido objeto de gran debate desde que Chelsea Manning filtró en 2010 a WikiLeaks documentos diplomáticos y militares estadounidenses. El último incidente culminó incluso en una serie de principios legales conocidos como los “Principios Tshwane”, que se han utilizado para defender el derecho de Snowden al asilo y a la protección. A pesar de la ausencia de este tipo de protecciones jurídicas en lugares como Bahrein, la práctica de las revelaciones no autorizadas no se ha detenido. En Bahrein, las revelaciones han proporcionado conocimientos acerca de la logística de la estrategia de divide y vencerás del Estado y de sus instrumentos de ingeniería sectaria. Es cierto que se han dedicado mayores recursos a la economía política de cooptación en los últimos años a la vez que el régimen intenta poner fin a la agitación revolucionaria. A nivel mundial, continúa expandiéndose la lógica del “Estado de seguridad nacional”, convirtiendo las revelaciones ilegales de información en actos cada vez más importantes de disidencia. Constituyen una forma importante de resistencia que intenta socavar el control del Estado y, como hemos visto, pueden ayudar a cambiar el curso de la historia desafiando y afectando a la legitimidad del Estado, una cuestión que está en el centro de los levantamientos árabes. La necesidad de esas revelaciones de secretos de Estado amplía la divergencia entre los intereses de un gobierno y sus ciudadanos y subraya la ruptura del contrato social entre el Estado y su pueblo. Ese conocimiento sirve para confirmar los excesos de los gobiernos, que la mayor parte de la gente ya sospecha, e inspirar campañas que pueden impedir que esos actos sucedan de nuevo. También puede extenderse para ayudar a articular narrativas más amplias de reivindicaciones que sirvan como base para una progresiva movilización social.
Nota:
[1] Principio 15: Regla General sobre la Revelación de Información Secreta (Principios de Johannesburgo sobre Seguridad Nacional, Libertad de Expresión y Acceso a la Información, U.N. Doc. E/CN.4/1996/39 -1996-).
*Nazgol Kafai es ayudante de investigación en el Bahrain Watch y estudiante de derecho en la Escuela de Estudios Orientales y Africanos de la Universidad de Londres.
**Ala’a Shehabi es investigadora, activista por la democracia y fundadora de Bahrain Watch. Es doctora en ciencias económicas por el Imperial College de Londres.
Traducción: Sinfo Fernandez (Rebelión)