Griesagate

 Natalia Aruguete
Pagina 12/Supl. Cash [x]
En paralelo a la ofensiva jurídica internacional que impulsó el gobierno argentino contra los fondos buitre, proliferaron los apoyos políticos que recibió el país de intelectuales, entidades internacionales y gobiernos de la región. Entre ellos se destacó la figura del Premio Nobel Joseph Stiglitz, quien advirtió sobre la necesidad de crear un sistema global para la reestructuración de deudas soberanas. En ese sentido, la economista Noemí Brenta explicó las posibles consecuencias para el mundo financiero de echar por tierra una renegociación que caracterizó como exitosa. “Un desenlace negativo significaría un mal precedente para los países con deudas superiores a sus productos brutos, pero también para los acreedores”, aseguró. En diálogo con Cash, a raíz de la reciente publicación de su libro Historia de las relaciones entre Argentina y el FMI (Eudeba), esta investigadora del Idehesi analizó el papel del Fondo Monetario en este litigio en particular y en su relación con el gobierno argentino después de la cancelación de su deuda con el organismo en enero de 2006.
¿Cómo evalúa la necesidad de crear una arquitectura legal global para proteger a los países soberanos del accionar de los buitres?
 –Los buitres constituyen una parte minúscula del anarco capitalismo financiero, un sistema depredador de las condiciones de vida de la mayoría de la población mundial que predominó en las últimas cuatro décadas. El sobreendeudamiento es una de las principales vías de apropiación de la riqueza y de captura del poder de los Estados por el capital financiero. Cuando el ajuste permanente agota la capacidad de pago y de crédito que tienen los países, comienzan las reestructuraciones de las deudas. Allí es cuando aparecen los buitres que dificultan más estos procesos. Por eso, las cuestiones de la usura y la ultraespeculación deberían incluirse en la regulación de las relaciones financieras internacionales. Pero la cuestión tiene algunas aristas filosas.
¿En qué medida un acuerdo internacional de estas características lograría liberar a los países en desarrollo del peso de sus deudas externas? ¿Qué tipo de condiciones se deberían establecer para evitar que se perpetúe el ejercicio de poder de unos países sobre otros?
–No existe un marco de vigencia global para el tratamiento de las deudas soberanas. Lo más aproximado son los “Quince principios sobre promoción de otorgamiento y toma responsable de préstamos soberanos”, que se lanzaron en la Unctad (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo) en 2012. A esos principios adhirieron unos veinte Estados, entre ellos Argentina.
¿En qué consisten?
–Enfatizan la legitimidad y la imparcialidad en las negociaciones entre deudores y acreedores. Entre otros casos, ya fueron aplicados en Alemania para rechazar demandas contra nuestro país. Pero Estados Unidos no adhirió, por lo que no son aplicables al Griesagate.
¿Qué precedente cree que sentará este litigio con los fondos buitre en relación con las reestructuraciones de deudas soberanas?
–Argentina es el ejemplo de un país periférico que logró soltarse de la subordinación por sobreendeudamiento. Este es un hecho grande y real, y la interferencia de los buitres es una piedra más en ese camino, que no empaña la cuestión central. Para las reestructuraciones de deudas soberanas, un desenlace negativo con los fondos buitre confirmaría que, al menos en Nueva York, el tratamiento igual para todos los acreedores significa lo que un juez quiera; su competencia puede extenderse sobre personas, instituciones, hechos y geografías ajenos a su jurisdicción. Y otras arbitrariedades semejantes. En esta coyuntura internacional, cuando algunos países tienen deudas gigantescas, superiores al 100 por ciento de su producto bruto, las reestructuraciones se complicarían mucho más. Los acreedores perderían incentivos para negociar quitas, alargamiento de plazos, porque podrían encontrar algún juez que habilite para cobrar el 100 por ciento, más todas las cargas y punitorios. Significaría que el mundo financiero es una selva y que los acreedores son los dueños de la pelota. Pero también sería malo para los acreedores.
¿Por qué?
–En primer lugar, porque si todos los acreedores pretenden cobrar una deuda impagable sin acuerdo entre ellos, unos pocos podrán hacerlo, los más poderosos, pero la mayoría no. Por eso existen los procedimientos concursales y de quiebras, pero no a nivel de los países. Por otro lado, los Estados tratarían de minimizar la deuda en dólares, y se financiarían en otras monedas y en las instituciones alternativas, como la que acaban de conformar los países que integran los Brics.
¿En qué plazos cree que este tipo de instituciones alternativas puede reemplazar la actual arquitectura financiera? El caso del Banco del Sur y la nueva arquitectura financiera regional se enfrentó con muchos obstáculos.
–Es difícil pensar en plazos, pero uno podría decir que los chinos tienen experiencia en este tipo de estructuras financieras y de cooperación. Ellos forman parte de la iniciativa Chiang Mai, integrada por China, Japón, Corea del Sur y otras economías de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, algo bastante parecido a un fondo de reservas.
¿Para la Argentina qué efectos podría tener?
–La Argentina acaba de firmar un acuerdo Swap con China, que supone un intercambio de monedas por hasta 11 mil millones de dólares, que es un fortalecimiento de reservas importante. Distinto es concretar un cambio más estructural en el segmento especializado en deudas soberanas en el sistema financiero internacional, que además va de la mano del FMI y las instituciones que comandan Washington y la Unión Europea. En este sentido, no nos olvidemos que el FMI suele prestar muy poco dinero y que las acreencias del Club de París también son muy pequeñas. La deuda externa que heredamos del neoliberalismo está concentrada en el sector privado.
¿Cómo evalúa la preocupación que manifestó el FMI sobre los posibles efectos del fallo de la Corte de Nueva York en las reestructuraciones de deudas soberanas?
–En 2002, cuando estaba Anne Krueger, el Fondo propuso un mecanismo para la reestructuración de las deudas soberanas que fue rechazado al interior del mismo FMI y ni siquiera pasó a una segunda instancia de discusión. Esto muestra que el Fondo está involucrado en el tema de la reestructuración de deuda soberana, aunque es contradictorio.
¿En qué sentido contradictorio?
–La titular del FMI, Christine Lagarde, los funcionarios a cargo del Hemisferio Occidental e incluso muchas de sus publicaciones, son muy críticos con los fondos buitre por la inseguridad que generan para las reestructuraciones de deuda. Ahora, en el momento de presentar el escrito de amicus curiae ante el juez, no lo hicieron. En una conferencia de prensa se les preguntó por qué no lo habían hecho y la respuesta fue: “Pregúntenle al Tesoro de los Estados Unidos”. Estados Unidos, como país mayoritario, tiene capacidad de vetar las decisiones del Fondo.
¿Fue el Tesoro de los Estados Unidos el que se negó a presentar un escrito a favor de la Argentina en el caso de los fondos buitre?
–Sí, porque no quiere sentar precedentes de ningún tipo de trato favorable hacia la Argentina o por otras razones que no alcanzo a imaginar. Porque para cualquier institución intergubernamental la actuación de los fondos buitre es cuasi delictiva. El Fondo tiene esta dualidad: dice una cosa en el discurso pero no la concreta cuando tiene la oportunidad de hacerlo. No podemos esperar ninguna ayuda del Fondo. Una vez más el Fondo maltrata a la Argentina. Si acá hay default y el FMI interviene, nos mandan de nuevo a la depresión, a la pobreza, al atraso.
En el libro Historia de las relaciones entre Argentina y el FMI, usted analiza las diferencias entre las recomendaciones del FMI y la política que llevó adelante el actual gobierno argentino. ¿Podría mencionar las principales?
–Pagar la deuda con el Fondo permitió implementar una política fiscal más ajustada a la realidad de nuestra población, que estaba tan empobrecida después de años de depresión, e impulsar la reindustrialización y la recuperación del rol del Estado y de la inversión pública. El Fondo habría presionado para ajustar más la política fiscal, lo que significa menos plata en el bolsillo de la gente. Destinar el 6 por ciento del PBI a la educación era un gasto impensable con el FMI.
¿Y respecto de la política monetaria?
–Respecto de la política monetaria y la cambiaria, el Fondo era oscilante. Por momentos aconsejaba que los buenos saldos del comercio exterior de la Argentina permitieran abaratar el dólar, con lo que se destruiría todo el proceso de reindustrialización que, aunque con defectos, existe. Y en otros momentos quería que subiera el dólar para favorecer las exportaciones agropecuarias. O sea que ganamos independencia en la política monetaria para manejar la tasa de interés de una manera contracíclica y el tipo de cambio, en forma acorde a la política económica. Cada vez que un país firma un convenio con el FMI, su tipo de cambio se atrasa, se producen burbujas financieras y entran capitales que, cuando se van, dejan un tendal. Logramos manejar la cuenta capital, lo que hace a la política monetaria, controlar el ingreso de capitales y tener una política monetaria más autónoma y expansiva.
Sobre la política del sector externo hay muchas críticas provenientes de distintos sectores.
–Hay críticas al control cambiario, a los controles a las importaciones o a la política del comercio exterior, pero es un sector muy sensible y, en un momento en que el mundo desarrollado está en crisis, era necesario poner un límite y no dilapidar las divisas. Además, hace mucho tiempo que no se aplicaba este tipo de políticas, creo que son bastante adecuadas y que hay que ir perfeccionándolas.