Colombia. La locomotora petrolera detrás de los asesinatos de líderes comunitarios en el Meta
Colombia Informa [x]
El sábado 17 de octubre asesinaron de cuatro tiros en la cabeza a Nelson Medina Ortega, presidente de Asociación de Regiones del Área Circunvecina de Apiay -ARCA-, departamento del Meta. En agosto pasado, en esa misma zona petrolera, la representante de la Asociación comunitaria en Acacias, Edith Santos, fue asesinada de dos tiros en el pecho. Mafias, paramitares y la omnipresente sombra de Pacific Rubiales.
El actuar paramilitar parece haberse reactivado en la zona como resultado de la bonanza petrolera. La Unión Sindical Obrera -USO-, sindicato activo en la región, denunció en un comunicado: “En menos de dos meses en el Departamento del Meta han asesinado a dos líderes populares como parte de una práctica sistemática que tiende a eliminar la lucha organizada obrero-popular, con el asesinato selectivo”.
El próximo 14 de noviembre la USO planea reabrir sus oficinas en la región, que habían sido cerradas después del asesinato por parte de sicarios de uno de sus miembros, Milton Rivas, en diciembre del 2012, y ve en estos acontecimientos una amenaza directa. Así lo afirmó el referente de la USO Freddy Pulecio al ser consultado por Colombia Informa, y agregó: “CJAID y ARCA son asociaciones comunales en defensa del empleo de mano de obra local, que han sido creadas con el apoyo de la USO. Incluso Henri Jará, presidente de la USO Meta, viene del proceso de ARCA”.
Otra hipótesis sobre los motivos de este último asesinato apunta a los intereses de los contratistas, como lo menciona PASO Internacional, organización de acompañamiento que trabaja en la zona: “Este contexto de violencia creciente en torno a las llamadas ‘mafias de la intermediación laboral’ se desarrolla mientras el recién nombrado Ministro de Trabajo colombiano indica su intención de enfrentar las prácticas informales de contratación en la industria petrolera”.
Las asociaciones comunitarias de la zona arman listas de empleados que entregan a las empresas contratistas, la cuales contratan trabajadores locales y los envían a trabajar en campos operados por Ecopetrol o por contrato de asociación con empresas privadas como Pacific Rubiales. Nelson Medina Ortega era presidente de una de estas asociaciones que monitorea y asigna cupos de trabajo para la mano de obra local para empresas contratistas de Ecopetrol. “Aunque la contratación a través de terceros está prohibida, la gran mayoría de los trabajadores del sector del petróleo continúan siendo empleados de esta manera”, precisa PASO Internacional en su comunicado. En el mismo sentido van las declaraciones de Rodolfo Vecino, anterior presidente de la USO: “La intermediación laboral se ha convertido en una nueva forma para que los grupos ilegales generen ingresos y aumenten su control sobre la industria extractiva en todo el país”.
El Ministro de Trabajo firmó horas antes del asesinato de Nelson Medina el decreto 2089 de 2014, que obliga a las empresas del sector petrolero a emplear, de ser posible, el 100% de mano de obra local. Se trata de una reivindicación de los municipios petroleros que padecen las consecuencias de una migración masiva de personas en búsqueda de empleo sin las infraestructuras para recibirlos. Sin embargo, las Juntas de Acción Comunal del Casanare protestaron en Yopal argumentando que el decreto no es suficiente y que deja abierta la posibilidad de contratar mano de obra del resto del país.
Camilo Acero, asesor jurídico de la USO Meta, explica que el gobierno está tratando reglamentar el decreto y que la idea es establecer bolsas de empleo ligadas a la alcaldías. “La gestión de los empleos locales ha sido una lucha histórica de la asociaciones comunitarias y juntas de acción comunal. Transferir ese derecho adquirido a las autoridades locales no resolvería el problema de la corrupción y podría crear problemas de clientelismo político”, afirma.
El caso Rubiales
Freddy Pulecio, también miembro de la USO, explica que “las asociaciones como CJAID y ARCA son las que han logrado mantener un proceso transparente y social cuando muchas tienen problemas de corrupción a nivel nacional”.
En este contexto, otros líderes comunitarios del departamento temen por su vida. Tal es el caso de Héctor Sánchez, de la Junta de Acción Comunal de la vereda Rubiales, quien recibió varias amenazas, incluida una carta que apareció en la sala de su casa en julio de 2013. Sánchez es también parte del Comité Ambiental de Puerto Gaitán, en el sur del departamento, que ha denunciado ante varias entidades del Estado las prácticas de la petrolera Meta Petroleum, filial de la canadiense Pacific Rubiales. Además de las amenazas por parte de grupos paramilitares, los líderes sufren procesos de crimininalización: en diciembre de 2013, Sánchez y otros dos miembros de la USO fueron judicializados por falsos cargos de secuestro y por haber participado en un cese de actividad en el campo petrolero de Rubiales, entre otras acusaciones.
El caso de Rubiales es el más conocido de la región: el campo está en medio de un debate político desde que el Frente Amplio por la no prórroga del contrato de operación de Campo Rubiales, que incluye a senadores y representantes a la Cámara, denunció a la multinacional Pacific Rubiales Energy. El contrato de asociación de los campos de Quifa y Rubiales vence en 2016. El caso se dio a conocer en 2011, cuando empezó un conflicto laboral con la petrolera canadiense Pacific Rubiales y los trabajadores contratados a través de unas 280 empresas contratistas empezaron un paro de actividades y se afiliaron a la USO.
Las problemáticas de la región son numerosas, pero todas se relacionan con el modelo de desarrollo basado en la extracción. El manejo de los campos por parte de Ecopetrol podría resolver ciertos problemas, pero otros, como las amenazas y atentados contra líderes sindicales, reflejan problemas estructurales que requerirán soluciones más de fondo.