Argentina. Narcos sí, drogas no

Emilio Ruchansky*

Le Monde Diplomatique

Los candidatos no se animan a discutir sobre adicciones y narcotráfico por temor a que el tema les reste votos. Al mismo tiempo, en los últimos 30 meses más de un centenar de policías fueron detenidos por encubrir y comercializar sustancias ilegales.

Las políticas de drogas respetuosas de los derechos humanos, basadas en la evidencia y la eficacia, ya no constituyen ejemplos en naciones ignotas, como la mano blanda aplicada en Holanda. Quienes compiten por gobernar Argentina en las próximas elecciones pueden desconocer los detalles pero saben que dos países vecinos ejercen posiciones soberanas al respecto, objetando el régimen de fiscalización internacional de estupefacientes. 

Bolivia reglamentó la producción y circulación de las hojas de coca en su territorio, luego de un frustrado intento de sacarlas de las listas de sustancias controladas que la igualan en peligrosidad con la heroína o la cocaína. Uruguay, con demoras, está implementando la regulación del cannabis a través del cultivo, individual o compartido, y su venta en farmacias. Además, en estos últimos meses, Chile permitió un cultivo de marihuana con fines medicinales y ahora se debate en el Parlamento una ley que permita estos usos y resguarde el autocultivo de cannabis. 

Nada de este espíritu regional crítico y revisionista del prohibicionismo, al que se sumó Ecuador, llegó a las campañas de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de Argentina. El silencio alrededor del consumo de drogas es usual en años electorales, lo sorprendente y peligroso son las ofertas de campaña para tapar la presencia de ese silencio. Por lo pronto, la ley argentina calza con el espíritu punitivista y supuestamente moral de los precandidatos mejor posicionados. 

La droga en veda

En elecciones está vedado hablar de sustancias ilegales en términos de derechos y, aun menos, arrimar propuestas afines. Y el que lo haya hecho podrá ser escarmentado en público. Le pasó al actual jefe de Gabinete de la Nación y precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, con más de un tercio del padrón electoral nacional. En 2012, se presentaron varios proyectos de distinto alcance y de varios partidos para despenalizar el consumo de ciertas sustancias. Aníbal Fernández sumó uno con sólidos fundamentos pero un articulado tímido, como el fallo de la Corte Suprema, que declaró inconstitucional penar la tenencia para uso personal en 2009. 

Hace pocas semanas, Felipe Solá, precandidato bonaerense del Frente Renovador, difundió su primer spot televisivo aprovechando aquella iniciativa de Fernández y su postura de “no perseguir perejiles”, relacionándola con un presunto avance de la venta al menudeo. Alertó a padres y madres que de ganar su competidor manejaría la policía bonaerense. “Vos elegís, drogas sí o drogas no”, remata el video.

El Frente Renovador representa la visión más cruenta de la paleta electoral en política de drogas. Su líder y precandidato presidencial, Sergio Massa, hace campaña prometiendo prisión perpetua para “los narcotraficantes y los violadores”. También propone el derribo de avionetas que trafican cannabis prensado de Paraguay y pasta base y cocaína de Bolivia, el uso de las Fuerzas Armadas para custodiar las fronteras y una nueva Agencia de Inteligencia exclusivamente para desarticular el crimen organizado vinculado al tráfico de drogas. 

José Manuel de la Sota, su socio político y competidor en las PASO dentro de la alianza Unidos por una Nueva Alternativa, comparte cada una de las propuestas. Como Massa, De la Sota se asesoró personalmente en Washington con la agencia antidrogas estadounidense, la DEA.

Daniel Scioli, el precandidato del oficialismo a nivel nacional, había abierto este flanco militar a principios del año pasado. “En algún momento habrá que ver un poco, por las características que toma el narcotráfico, el tema del rol de las Fuerzas Armadas, porque es un tema de seguridad interior”, dijo en una entrevista radial. Enseguida coincidió Mauricio Macri, el precandidato presidencial del frente Cambiemos. 

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, aclaró que eso estaba prohibido y explicó que involucrar a las Fuerzas Armadas no mejoraría la situación, “sino que la empeoraría”. Y mencionó a México y Colombia.

Sin embargo, los principales precandidatos insisten en que debe endurecerse la guerra a las drogas y agigantar el aparato represivo y judicial. De sus bocas, decenas, centenas de veces salió ese insípido adjetivo, tan propio de la clase política: “Flagelo”. En este contexto, cualquier tipo de reclamo por el respeto a las libertades individuales probablemente sea tildado de “irresponsable”. 

El destino del adicto

Scioli, Macri y Massa coinciden en su rechazo público por la despenalización de la tenencia de drogas para uso personal. Pero si se les pregunta si creen que el adicto debe ser criminalizado, probablemente dirán que no. Y acto seguido –ya lo han dicho o sugerido los tres– afirmarán que la despenalización constituye “un mensaje equivocado” a la sociedad y sobre todo a la juventud. Que no es el momento... 

Esta contradicción flagrante tiene entre sus principales mentores a la Iglesia Católica. En 2013, monseñor Jorge Lozano, titular de la Comisión de Pastoral Social, presentó los lineamientos sobre “Políticas públicas sobre el consumo de drogas y contra el narcotráfico”, un documento consensuado entre los tres principales precandidatos y otros, como Ernesto Sanz, de Cambiemos, Margarita Stolbizer, de Progresistas, y Víctor de Gennaro, del Frente Popular. “Las personas que consumen estupefacientes tienen afectada su voluntad, por eso es importante no pretender pasar de lo represivo a lo permisivo y desentenderse de los efectos nocivos que tienen las drogas sobre ellos y sobre terceros inocentes”, dice el acta. El mismo argumento esgrimieron quienes se opusieron durante un plenario para tratar un proyecto de despenalización de varios legisladores del oficialismo y sectores de la oposición no derechizados, en 2012. 

“Los adictos no deben ser penalizados con la cárcel sino con los tratamientos”, dijo en aquel debate Inés Valdéz, de la Fundación Manantiales, dedicada al negocio de la rehabilitación en Argentina y Uruguay. En la misma jornada de 2012, Gloria Martínez, de la ONG Honrando a la Vida, extendió el pensamiento eclesiástico: “Un adicto al paco no tiene libertad de elección, por eso no puede ser considerado un sujeto de derecho, como lo hace la Ley de Salud Mental”. 

Esta última norma, sancionada en 2010, obliga a revisar las internaciones compulsivas impuestas desde los juzgados o clandestinamente y las plantea como medidas excepcionales, transitorias y, en lo posible, breves; y a la vez esta Ley desmiente a la de drogas. En el debate parlamentario, la senadora Sonia Escudero destacó que “por primera vez y por ley, se considera al adicto como un paciente del sistema de salud”, y aclaró que eso no despenaliza el tráfico ni el comercio, aunque sea para “pagar su adicción”. No mencionó la tenencia para consumo personal.

La Ley de drogas sigue ahí, vigente, inderogable.

Por lo tanto, quien consuma drogas ilegales en Argentina debe saber que su sola tenencia implica, como mínimo, una pena de un mes a dos años de cárcel en suspenso o de aplicarse la polémica figura de tenencia simple–ni para venta ni para uso personal– hasta seis años. A partir de los cuatro años, la pena siempre es efectiva. Si logra que se lo declare “consumidor” y acepta además que es “un adicto” puede conmutar la pena por un tratamiento. En caso de reincidir en su enfermedad, se impondrá la medida privativa de la libertad. El que comercie dosis de sustancias controladas puede recibir entre cuatro y quince años de prisión; el que trafique toneladas de ellas a Europa, también. 

Una red de complicidades

Otro ítem de aquella acta compromiso de la Iglesia indicaba que “Argentina es hoy no sólo un país de tránsito y consumo sino también de producción”, supuestamente de cocaína. Los candidatos pro guerra aún cabalgan sobre este argumento. Los medios masivos de comunicación hablan de la inminente colombianización de Argentina, pero el país no posee la materia prima: la hoja de coca. 

Las cámaras enfocan las villas y las cocinas de “rebaje”. Hasta el momento, sólo se detectó un laboratorio para refinar la pasta base de clorhidrato de cocaína en la provincia de Santa Fe; el principal proveedor de acetona era una empresa bonaerense, Alconar, fundada en 1948. 

Los decomisos de hoja de coca, en la provincia de Salta, por su volumen, no alcanzarían para fabricar ladrillos blancos. Sin embargo los pasadores son detenidos en “operativos antidrogas” por más obvio que sea el destino de la mercadería, dado el tradicional coqueo de las provincias del Norte. La tenencia de la coca destinada a succionar o para infusión no está prohibida, sí su cultivo y venta. Esto da lugar a un contrabando hormiga constante. 

En este contexto, los pasadores comparten las mismas cárceles y comisarías sobrepobladas que las mulas, en su mayoría mujeres y hombres jóvenes en evidente estado de vulnerabilidad. La clase política evade constantemente esta realidad, más aun en épocas electorales, pese a las multitudinarias marchas a favor de la despenalización de la tenencia de todas las sustancias, cuando sean para consumo personal, y la regulación del mercado del cannabis. De hecho, la última marcha no tuvo dirigentes partidarios en la cabecera de su sede porteña, como ocurría en ediciones anteriores. Y el año pasado se vio a un solo precandidato a presidente de los trece actuales, el diputado nacional Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda de los Trabajadores. Los reclamos de estos miles de manifestantes, dijo entonces Del Caño, apuntan a “terminar con la criminalización de la juventud que hace la policía, la misma que está implicada en las redes de narcotráfico, como se demostró en Córdoba o Santa Fe”. 

Un reciente artículo del diario La Nación, haciendo repaso de las filas policiales, señaló que en los últimos 30 meses hubo en total 111 efectivos procesados por delitos ligados al encubrimiento o la comercialización. La provincia de Buenos Aires quedó segunda en el ranking con 25 imputados, Santa Fe tiene 37 y Córdoba 21. Lo novedoso es que haya entre los detenidos media docena de jerarcas. 

¿Y en qué anda la Policía Federal? “Entre 2010 y 2012, entre el 20 y 25% de las detenciones de esa fuerza en todo el país fue por la Ley de drogas, la mayoría por prevención policial”, dijo Gastón Chillier, directivo del Centro de Estudios Legales y Sociales, al presentar a fines de julio el documento “El impacto de las políticas de drogas en los derechos humanos, la experiencia del continente americano”. 

La mitad de esas detenciones se basaron en la actitud sospechosa (eufemismo para describir la actitud discriminatoria de los uniformados), el 38% por fumar en la vía pública, el 6% por llamados anónimos y sólo el 2% por orden judicial, es decir, con una investigación en curso. Sólo silenciando la realidad, alistar más policías y sumar fiscalías especializadas pueden convertirse en promesas electorales o propagandas de gestión. Hablar en serio, con evidencias, implica un costo electoral enorme para los principales candidatos: deberían admitir que su actual demagogia punitivista es parte del problema, no su solución. 

* Autor de Un mundo con drogas. Los caminos alternativos a la prohibición: Holanda, Estados Unidos, España, Suiza, Bolivia y Uruguay, Debate, Buenos Aires, 2015.

© Le Monde diplomatique, edición Cono Sur