Anatomía del golpe septembrino
Por Alejandro Horowicz
El 23 de septiembre de 1955, el general de división Eduardo Lonardi, con una pistola 45 y la decisión de morir o vencer, derroca el gobierno constitucional del General Juan Domingo Perón. Pocas veces un golpe de Estado dependió tanto del arrojo de un cruzado católico, y tan poco de la conspiración militar. No porque no existiera, sino porque resultó manifiestamente inadecuada.
para Tiempo Argentino
21 de Septiembre de 2015
Pedro Eugenio Aramburu, general encargado de levantar la guarnición de Curuzú Cuatiá, fracasó. Los conspiradores eran una escuálida minoría dentro del Ejército, carecían de apoyo en la Aeronáutica, y la Marina de Guerra, que se pliega en bloque, no estaba en condiciones de vencer sino de inferir cuantiosos daños. Si la caída del gobierno hubiera dependido de la representatividad militar de los conspiradores, el golpe hubiera terminado como en 1951.
El 16 de septiembre Lonardi cruzó el portón de la Escuela de Artillería, del III cuerpo de Ejército. Los responsables militares de la Escuela no eran insurrectos. El general capturó al coronel Turconi en la cama, mientras dormía. De modo que un general sin tropas pasó a disponer de hombres armados por marginarse Turconi de la lucha. Lonardi estaba dispuesto a combatir y morir, los otros ni siquiera estaban decididos a matarlo. La indecisión de Turconi podía obedecer a sus características particulares: un oficial irresoluto. En tal caso sería posible sostener: Lonardi tuvo suerte.
No se trata de ignorar el azar que no acompañó al general Aramburu; como si dispusiera de una palanca invertida, Lonardi incrementa una y otra vez su caudal militar. La escena de Turconi sin Turconi se repite, y aun así la diferencia resulta abrumadora. Las tropas leales son cuatro veces superiores en Córdoba, y el resto del Ejército les resulta uniformemente adverso, sin embargo, Lonardi vence.
Ese general, sin un programa previamente acordado con sus camaradas, ni con los partidos de la oposición gorila, dio vuelta como una media las lealtades políticas del cuadro de oficiales; además, traspasó la "muralla informativa" de la prensa oficial –que equivale a todo el sistema informativo–, clausuró un Parlamento que había acompañado al gobierno legal en la mayor parte de los casos, al tiempo que neutralizó 6 millones de afiliados obreros con que contaba la CGT, cuarta rama del Partido Justicialista.
¿Cómo explicar semejante hazaña político militar?
Historias de un general
En Tres revoluciones militares, Perón intenta explicar su derrocamiento. Los trabajos que componen el libro fueron escritos en distintas épocas. Estas discontinuidades resultan reveladoras. El texto que corresponde a la revolución de 1930 fue publicado por el general José María Sarobe, como apéndice a sus Memorias. Es un trabajo del Perón liberal, del oficial del general Agustín P. Justo, del enemigo de Hipólito Yrigoyen.
Los tres capítulos dedicados a la revolución de 1943 conocieron la luz en Tribuna de la Revolución (Ediciones Nueva Argentina, Centro Universitario Argentino, 1948), el primero, y los otros dos en El Pueblo quiere saber de qué se trata (Buenos Aires, 1944). El coronel Perón ha repasado críticamente su formación inicial, para transformarse en el nacionalista pragmático que terminará siendo. Y el último trabajo, el que corresponde a la revolución de 1955 circuló en copias rotaprint.
A comienzos de la década del '60, Perón organiza estos textos secuencialmente, lo que permite visualizar los vaivenes de su pensamiento. Si se compara con las cartas que intercambiara con John William Cooke, el defensor de la lucha armada choca con el Perón de los acuerdos con Arturo Frondizi; de modo que la furia iconoclasta queda atrás y desde la razonabilidad de una política de alianzas sostiene: "Cuando el Peronismo en 1955 evitó al país la destrucción de una lucha fratricida, lo hizo confiando en que el Ejército defendería patrióticamente la nacionalidad, pero a poco andar sucedió todo lo contrario: la Marina al servicio de Gran Bretaña y la Masonería infiltrada en el Ejército, con similar designio, consumaron la más inicua traición a la Patria. Estos ocho años de depredaciones han destruido más que una guerra civil y, en consecuencia, los nobles propósitos del renunciamiento peronista han sido defraudados en perjuicio de la Comunidad y del Pueblo."
Perón admite que "evitó al país la destrucción de una lucha fratricida" y aun así las "depredaciones han destruido más que una guerra civil". De modo que no evitó tanto con los "nobles propósitos del renunciamiento peronista". Algo queda claro, el general tampoco intentó impedir el triunfo de Lonardi. El peronismo no combate fuera del hemiciclo parlamentario, y si lo empujan en esa dirección vacila y cae. El ejército debía batirse por la legalidad constitucional de un gobierno que en 1955 tambaleaba. Nadie está dispuesto a morir por la legalidad si cree que la nación está por encima de la legalidad. Perón esperaba que el ejército "defendería patrióticamente la nacionalidad", de modo que resistir sólo era "lucha fratricida".
Repetía punto por punto su conducta anterior al 17 de octubre de 1945, cuando su suerte dependió de la decisión del cuadro de oficiales. Y como Campo de Mayo lo había destituido, sólo quedaba la jubilación. El movimiento obrero la impide mediante una gigantesca movilización política; todavía contaba con una dirección capaz de llevarla a cabo, organizar un partido obrero basado en los sindicatos y después ganar las elecciones. La victoria del '46 fue posible por la batalla del '45; el primer peronismo es un producto directo de ese enfrentamiento.
Tras la victoria electoral de febrero, Perón liquida el Partido Laborista. El partido de militantes obreros se transforma en partido de burócratas variopintos reunidos en el Partido de la Revolución Nacional. La dirección del 17 de octubre todavía conserva la CGT; el general se ocupa de desplazarlos, cosa que sucede durante el año '48. Por eso en el '55, cuando la movilización obrera hubiera cambiado las cosas, la CGT ofrece sus afiliados al general Franklin Lucero que no vacila en rechazarlos públicamente. Era pura forma, el gobierno no estaba dispuesto a enfrentar el golpe, por eso Lonardi pudo realizar su "hazaña". Conviene no olvidarse.
Tucumán no arde
Para los camaristas Salvador Norberto Ruiz y Ebe López Piossek la relación entre políticos profesionales y "población desprotegida" se corresponde a "un sistema de subsistencia alimentaria que resulta difícil cuestionar desde el discurso jurídico frente a la situación de extrema vulnerabilidad y profunda pobreza como la que, es notorio, padece un amplio sector de nuestra sociedad". El dictamen tucumano, acompañado de una reveladora cita doctrinaria surgida de la pluma de Carlos Fayt, en 1945, nos hace saber que el clientelismo "atenta contra ese ámbito de libertad, que es presupuesto necesario para el ejercicio del sufragio". De modo que un argumento genérico que remite a la situación social tucumana de los últimos 40 años, para ser amable, permite anular la ultima elección. Es obvio que en tal caso todas las elecciones anteriores estarían viciadas por idénticos motivos, y que esta "preocupación" impide por un buen tiempo cualquier elección.
Los camaristas repiten el argumento del Acuerdo del Bicentenario, que minimizó "las irregularidades ocurridas el día del comicio" por considerar que sólo "son la manifestación lacerante y puntual de un sistema esencialmente fraudulento e incapaz de garantizar la libertad del sufragio de los electores". El dilema es claro: o el pueblo tucumano no vota, o decide defender en las calles lo que una justicia descompuesta intenta robarle en los estrados. No es el '55 porque no hay Ejército, pero comienza a parecerse.
Situación intolerable para cualquier gobierno democrático, como para el Congreso Nacional. La justicia que sobrevivió a la dictadura burguesa terrorista del '76, que ni siquiera en un caso tan resonante como el de Marita Verón fue capaz de actuar con un mínimo de eficacia republicana, no puede remontar la crisis por sus propios medios.
El remedio federal es una posibilidad que solo debe aplicarse en última instancia. No podemos negar que esa situación ha sido excedida. El caso Verón imponía la intervención del Poder Judicial; la curiosa sentencia de una cámara que no ofrece salida política debiera ser rechazada in limine por la Suprema Corte provincial. Pero ni esa garantía existe, hasta el día de la fecha, con la cantidad de jueces que ya se excusaron, nadie sabe a cargo de quienes quedaría librada finalmente tan delicada sentencia.